El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunió en el marco de su 94° Plenario de Rectoras y Rectores. Fue en simultáneo al Primer Congreso de Innovación Universitaria que se desarrolló en la Universidad Nacional de Rosario. Uno de los temas a debatir fue el proyecto de presupuesto universitario 2026 que debe ser presentado a la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Esther Sanchez, intervino tomando la palabra en dos temas centrales. En primer lugar, explicó que se le encomendó a la UNCUYO y a la Universidad de Tucumán informar sobre la situación que atraviesan los departamentos asistenciales. En este sentido, dijo que se elaboró un informe preliminar con algunos aspectos importantes a resaltar. 

"El estado de situación de estos departamentos asistenciales u obras sociales es actualmente muy crítico. De hecho, entre 2024 y 2025, todas ellas informan que tienen una situación de déficit financiero y que realmente están muy complicadas para resolver los problemas de atención de salud de las comunidades universitarias. Pero lo más preocupante no es la situación financiera, sino la sostenibilidad de esas instituciones. O sea, qué es lo que va a pasar en el futuro y si van a ser sostenibles en el corto, mediano y largo plazo", aseguró Esther Sanchez.

Sanchez también mencionó la reunión que mantuvo en la UNCUYO el Consejo de Obras Sociales de Universidades Nacionales, con miras a analizar en profundidad la situación, y que derivó en distintas estrategias para ir trabajando como parte de la solución. 

A la izquierda, Esther Sanchez alza la mano durante una de las votaciones del plenario.

"Con esa información disponible y con la que elaboramos nosotros provenientes de las universidades, es que llegamos a la conclusión de que hay que tomar partido en esto. Como sistema universitario, tenemos que al menos expresar cuál es la situación de emergencia que estamos transitando con el tema de las obras sociales o departamentos asistenciales. Y el riesgo tiene que ver con que, obviamente, la interrupción de las coberturas médicas, si no se resuelve el tema, va a ser la consecuencia esperada. También el riesgo de la pérdida de las instituciones organizadas como están. De modo tal que, entendemos que desde el sistema sería importante no solo tomar nota de esto, sino trabajar en acciones como para resolverlas", planteó la rectora de la UNCUYO. 

En segundo lugar, Sanchez compartió detalles de la formación integral en ambiente Ley Yolanda, con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en el cambio climático, que lidera la UNCUYO. "Indudablemente que la crisis climática nos interpela a todos. Entendemos que como universidades tenemos el reto y la responsabilidad de trabajar este tema. Así que en ese espíritu es que hay una propuesta de capacitación con herramientas de reflexión y de acción para caminar a la construcción de futuros que sean posibles, futuros basados en el paradigma de la sostenibilidad y la regeneración”, afirmó. 

Al respecto, recordó que en diciembre de 2024 se firmó un convenio entre el CIN, la Red UAGAIS y MetaRed S para dictar esta capacitación que empieza por rectores y rectoras, con la expectativa de que en 2026 llegue al resto de la comunidad universitaria. Dijo que las máximas autoridades van a recibir una invitación durante septiembre para inscribirse a esta capacitación virtual —compuesta de ocho módulos y disponible en la plataforma del CIN— que se extenderá hasta noviembre y tendrá certificación. 

“Quiero pedir la colaboración de parte de ustedes porque considero que realmente tenemos la responsabilidad de estar, de tomar conciencia de lo que significa esto y de las acciones que como universidades nos tocan. No solo porque somos generadoras de conocimiento, sino porque somos formadoras de los líderes del futuro”, enfatizó la rectora de la UNCUYO. 

La rectora de la UNCUYO alistada para comenzar la reunión ordinaria del CIN.

Declaraciones del 94º Plenario del CIN

El 94° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunido desde Rosario, Santa Fe, sesionó a partir de un debate que hizo especial énfasis en que las políticas públicas que el país necesita solo podrán construirse a través de una ley de presupuesto anual que garantice el funcionamiento, el sostenimiento y la rendición de cuentas de todo el Estado nacional. Ese fue el mensaje que se aprobó difundir en una declaración.

El cálculo del monto que el CIN aprobó solicitar para el presupuesto universitario de 2026, 7.319 billones de pesos, actualiza y anualiza las partidas de la Ley de Presupuesto 2023 (último aprobado por el Congreso Nacional). Este ajuste para gastos de personal, funcionamiento y programas universitarios se elaboró según los criterios establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada, que estipula una base actualizada a la que se solicita adicionar una mejora para gastos de funcionamiento. «Asumimos las restricciones fiscales en equilibrio con la continuidad de las múltiples actividades universitarias», explicó el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Carlos Greco. Todos estos puntos también se recuperan en otra declaración del plenario.

El intenso intercambio entre las autoridades dejó en claro, además, que el proyecto de presupuesto universitario 2026 que se aprobó elevar no considera la inflación ni las actualizaciones salariales de los meses restantes de 2025. Tampoco toma en cuenta fondos para el desarrollo de ciencia, técnica y arte; para un plan de obras y equipamiento universitario o para la actualización de los planes de becas. Aunque los reclamos por esos puntos continuarán, deberán ser contemplados por las áreas correspondientes del Gobierno nacional.

En la apertura de la actividad, el presidente Oscar Alpa ofreció un racconto de las tareas encaradas en los últimos meses que posibilitaron la aprobación de la ley de financiamiento, que el Poder Ejecutivo aseguró que vetará. «Nos toca actuar y trabajar en conjunto, internamente en nuestra universidades y con la sociedad, porque solo con un presupuesto nacional se garantiza la autonomía y la autarquía», alentó y repitió la consigna ya viralizada: si hay veto, hay nueva marcha federal universitaria.

Asimismo, las y los integrantes del plenario recibieron la bienvenida de la vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia. «Porque la universidad vive en cada pueblo de nuestra provincia, estamos con ustedes en todo lo que podamos aunar esfuerzos y creemos que su reclamo es legítimo», sostuvo. También participaron la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, y el intendente local, Pablo Javkin.

Fueron invitados a la apertura la diputada Mónica Fein y el diputado Germán Martínez, representantes de la misma provincia pero de diferentes partidos políticos en el Congreso nacional. «Necesitamos el apoyo y el trabajo del sistema universitario para sostener esta ley tan importante», afirmó Fein en su llamado al apoyo de las y los legisladores que no acompañaron la ley en su tratamiento original. «No podemos imaginar a la Argentina del futuro sin la participación activa de la comunidad universitaria», completó Martínez.

Por último, entre los temas que requirieron el análisis, se discutió la situación de las obras sociales universitarias en la coyuntura actual. En su tercera declaración pública, el CIN expuso que la magnitud de la emergencia que atraviesan y se comprometió a acompañar todas las gestiones necesarias tendientes a revertir la grave situación de manera de fortalecer el sistema de salud al servicio del personal de las universidades.