Ante la situación que atraviesa el sistema universitario y científico argentino, las universidades públicas, entre ellas, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), se volcaron a las calles de todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que establece un piso de recursos que asegura el normal funcionamiento del sistema.

En Mendoza, la sociedad volvió a mostrar su apoyo a la educación pública y en defensa de la democracia. La cuarta marcha federal, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunió a unas 15 mil personas unidas con un objetivo común: preservar la universidad pública argentina —instituciones de educación superior de toda la región manifestaron su apoyo—. La cronología de estas marchas comenzó en abril de 2024, siguió en octubre de ese mismo año y llegó hasta septiembre de 2025. 

La concentración fue en el ingreso al campus de la UNCUYO. Desde allí, la columna se desplazó por Carlos Lencinas, giró al sur por Padre Contreras y siguió hacia el este por avenida Libertador. Finalmente continuó por avenida Emilio Civit, cruzó avenida Belgrano y continuó por Sarmiento hasta llegar a Plaza Independencia.

Detrás de la bandera de arrastre marcharon la rectora Esther Sanchez, el vicerrector Gabriel Fidel, integrantes del Consejo Superior y de los Consejos Directivos, decanos, decanas, vicedecanos y vicedecanas de todas las facultades, autoridades de los Institutos y de las escuelas preuniversitarias. Detrás se encolumnaron representantes de la Federación Universitaria de Cuyo, estudiantes secundarios de las escuelas de la UNCUYO, agrupaciones estudiantiles y organizaciones de docentes y nodocentes nucleadas en el frente sindical universitario. Además, sumaron su apoyo marchando por la educación pública y la ciencia, organismos de DDHH, organizaciones sindicales y sociales, y partidos políticos. 

La rectora de la UNCUYO consideró al reclamo universitario como una causa social profunda que busca salvaguardar el derecho a la educación de las futuras generaciones. Minutos antes de iniciar la marcha resaltó la importancia de respetar la seguridad jurídica y el financiamiento esencial que permite la continuidad de la excelencia académica: “Está claro que la sociedad está acompañando la causa de la universidad. No es una marcha opositora, es una marcha que quiere visibilizar un tema que hace rato que ponemos sobre el tapete para que sea resuelto”.

“Es la primera vez en la historia de la Argentina que una ley es rechazada dos veces, que dos veces el Poder Judicial ha dicho que tiene que ser aplicada y el Poder Ejecutivo no la aplica. Entonces, esta marcha es para decir: el pueblo, la sociedad está defendiendo la universidad porque quiere que sus hijos y sus nietos tengan una educación pública de calidad”, subrayó Esther Sanchez.

Por su parte, el vicerrector Fidel aseguró que la marcha representa a la comunidad universitaria y la sociedad en general, resaltando el valor de la universidad como motor de movilidad social: “Esto es una marcha de toda la comunidad universitaria, de docentes, de estudiantes, de no docentes y de nuestros egresados, pero también es una marcha de toda la sociedad. La sociedad argentina, nuestra comunidad sabe lo que vale, sabe el valor de la educación superior de las universidades”.

“Este es un valor que defendemos —añadió Gabriel Fidel— y en ese sentido pedimos la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza el normal funcionamiento de las universidades y del sistema científico. Y también lo que pedimos es que se cese con el asedio, con la lucha contra las universidades y se vaya al diálogo, un diálogo que permita que nuestros estudiantes puedan vivir con normalidad su trayectoria universitaria".

“La ley está totalmente vigente. Y el Poder Judicial le ha indicado en dos oportunidades que tiene que cumplirla”, concluyó  la rectora Sánchez.

203 días sin aplicar la Ley

En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional emitió un documento consensuado que expresa en el inicio: "Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país, de nuestro pueblo, por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantizara el núcleo del porvenir: educación superior de la máxima calidad para todos, profesionales altamente calificados, conocimientos para el desarrollo social y económico, una juventud protagonista de su tiempo". 

En esta declaración, las universidades alertan sobre un deterioro salarial que ubica a los trabajadores en su nivel más bajo de los últimos 23 años —con una pérdida del poder adquisitivo superior al 37%— y el desfinanciamiento crítico de becas estudiantiles y científicas. Ante lo que califican como un desprecio institucional por parte del Ejecutivo al ignorar la Ley de Financiamiento Universitario, los rectores, gremios y estudiantes exigen la intervención de la Corte Suprema para frenar la expulsión de cuadros formados. El documento también subraya que el incumplimiento de estas normativas no solo asfixia el funcionamiento operativo de las aulas, sino que rompe el contrato social y pone en riesgo la movilidad social ascendente y la soberanía científica del país.

"No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora ¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!", concluye la declaración.