La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) impulsó una reforma de la herramienta más valiosa con la que cuenta para erradicar todo tipo de violencias: el Protocolo de intervención ante situaciones de violencia y discriminación por motivos de género, identidad y/o expresión de género u orientación sexual. El proyecto de modificación fue presentado por el equipo de la Dirección de Género y Diversidad de la Secretaría de Bienestar Universitario (SBU) ante el Consejo Superior, que dio el visto bueno para su implementación.

Esta actualización es el resultado de un proceso participativo que empezó en 2021, y que incluyó mesas de trabajo con diversos sectores de la comunidad universitaria, análisis de protocolos de otras universidades nacionales e internacionales, y participación en encuentros de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias del Consejo Interuniversitario Nacional (RUGE-CIN).

En líneas generales, a partir de esta reforma se incorporan dos modalidades de abordaje: la administrativa, para investigaciones, y restaurativa, para resolver situaciones desde el diálogo y la reparación. A ello, se suma una política de más presencia y acompañamiento orientada a fortalecer el rol de la Consejería de Género como autoridad de aplicación, contar con personas referentes con formación en género y derechos humanos en cada dependencia, y precisar plazos, responsabilidades y medidas de protección, no repetición y reparación. 

Además, y como novedad, se prioriza un enfoque inclusivo al incorporar un anexo especial para adolescentes en dependencias de la UNCUYO, con principios y procedimientos adaptados. Y para una mayor transparencia y claridad, se incluyen diagramas de los procedimientos, lenguaje accesible y criterios comunes para todas las áreas.

Este protocolo rige para la comunidad universitaria de todos los claustros y de todas las formas de vinculación. Abarca las facultades, secretarías, ámbitos e institutos, siendo una herramienta común a casi todas las universidades nacionales. Por consultas o más información, escribir a: consejeriadegenero@uncuyo.edu.ar, al WhatsApp 261 694 9064 o dirigirse al Comedor Universitario, sedes Campus y San Rafael. 

Una actualización necesaria

“Este protocolo de actuación (res. 682) abre la puerta en el 2017 para que la Universidad asuma la responsabilidad de prevenir, abordar y erradicar la violencia y toda discriminación por motivos de género. Los protocolos trazan horizontes, o sea, los protocolos establecen responsabilidades, procedimientos y formas a seguir, y más del 90% del sistema universitario cuenta con esta normativa. Incluso, nosotras somos parte de la red de RUGE, donde se abordan y se trabajan a nivel nacional y universitario todas las políticas de género”, detalló la responsable de la Dirección de Género y Diversidad, Agostina Bordón.

La abogada Agostina Bordón, directora de Género y Diversidad de la UNCUYO.

Tres fueron las razones que motivaron la actualización de esta herramienta. La primera, y principal, fue actualizar toda la normativa que tiene la universidad con los instrumentos nacionales e internacionales. ”Desde el 2017 ha habido un montón de cambios, de adecuaciones normativas, donde es necesario que la UNCUYO no quede atrasada”, aclaró la funcionaria de Bienestar.

La segunda razón responde a la trayectoria de la Universidad en materia de políticas de género y diversidad, con un recorrido que se remonta al 2005: “Incluso, hace dos años se tomó la decisión de institucionalizar todas las políticas de género y crear una Dirección de Género y Diversidad”, comentó.

Y la tercera es relativa al proceso y monitoreo continuo de los casos que acuden a la Consejería de Género. Esta es una de las dos áreas que componen la Dirección, donde un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas da inicio a la aplicación del protocolo de intervención, haciendo una escucha activa, desde un abordaje interdisciplinario. La otra es el área de capacitación, formación y sensibilización, encargada de la aplicación de la Ley Micaela, la capacitación obligatoria para funcionarios y funcionarias públicas del Estado. 

“Este protocolo lo venía aplicando la consejería y cuando se crea la dirección, la consejería pasa a ser parte de la dirección y queda como el área institucionalizada para aplicar esta herramienta. Todos los casos que existieron desde el 2017 hasta ahora se han sistematizado y hemos visto cuáles han sido las experiencias de las personas que han formado parte de estas consultas y de estos abordajes”, profundizó Bordón. 

También indicó que esta reforma tuvo dos instancias. Hacia el 2021 se comienza a esbozar un texto y se arman mesas de trabajo, y en el 2023 se asume el compromiso de avanzar con la reforma y se termina de redactar el documento. “Nos tardamos este tiempo porque hemos consultado a todos los actores, hemos trabajado con las áreas de investigaciones administrativas, de legales y despacho, con todas las unidades académicas, con representantes del claustro estudiantil, con feministas de la Universidad y con los colegios, para que esto sea aplicable de manera transversal a toda la comunidad universitaria”, remarcó. 

“Después también vimos la necesidad de establecer seguimientos cercanos con la figura de referentes de protocolo, promover el protagonismo de las personas que están siendo afectadas, hoy se encuentran absolutamente invisibilizadas con el protocolo que tenemos y por supuesto establecer un procedimiento alternativo al administrativo porque entendemos que en determinados casos las sanciones administrativas no resuelven”, argumentó.

En definitiva, y bajo la premisa de mejorar lo presente, se buscó elaborar un documento accesible y comprensible a toda la comunidad, aclarar los circuitos, mejorar la celeridad, establecer las responsabilidades de los actores institucionales intervinientes y, principalmente, crear un marco específico para adolescentes. 

“Con esta actualización —dijo Bordón, a modo de conclusión— buscamos que haya una herramienta que pueda establecer procedimientos que sean entendibles y que se adapten a distintos contextos, necesidades y también grupos etarios. Una herramienta que sea accesible, que sea de fácil aplicación y que se establezcan las responsabilidades, porque es muy importante que sea comprendido por toda la comunidad universitaria, para seguir fortaleciendo una universidad que sea libre de violencias, inclusive y garante de derechos humanos”.