Autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) recibieron con optimismo el dictamen favorable de la Procuración General de la Nación sobre los terrenos en litigio con la sucesión de Alfredo Vila ya que entienden que es un paso en la dirección adecuada para conseguir la resolución definitiva en la Corte de la Nación y recuperar las tierras en conflicto desde hace 40 años.
La procuradora Laura Mercedes Monti emitió un dictamen favorable al recurso presentado por la Universidad en el marco de la causa judicial vinculada a los terrenos del Polígono de Tiro, al oeste de la avenida Champagnat de la Ciudad de Mendoza, actualmente objeto de litigio con la sucesión de Alfredo Vila y terceros ocupantes. En el escrito sostiene que corresponde revocar la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza que había considerado parcialmente cumplida la orden de restitución de los terrenos en el 2021, y reafirma que la sentencia del año 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe cumplirse íntegramente.
En conferencia de prensa la rectora de la UNCUYO, Esther Sanchez, dio mayores detalles de la superficie en litigio y lo que representa el dictamen judicial: "Son 12 hectáreas, de las cuales 6 ya fueron entregadas, pero no tienen acceso. Estas nuevas 6 hectáreas tienen salida a la calle externa. En consecuencia, nos permitiría poder acceder a esas otras 6 hectáreas".
La Corte Suprema ya había establecido en 2012 que los terrenos en disputa pertenecen al dominio público universitario, y rechazado la pretensión de usucapión promovida sobre esas tierras. El reciente dictamen de la Procuración entiende que limitar el cumplimiento del desalojo únicamente al actor original implicaría frustrar el alcance efectivo de aquella decisión judicial firme, por lo que ahora se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema en igual sentido.
"Son terrenos que son un bien público, un bien de orden público, en consecuencia son terrenos que no pueden ser enajenados, no pueden ser usados para otros fines que no sea el fin al cual han sido dedicados, que es el fin de ser usados por la Universidad Nacional de Cuyo", explicó Esther Sanchez, respecto del valor y el futuro uso de esos terrenos.
De esta forma, UNCUYO ratifica que la defensa de estos terrenos no responde a un interés económico ni inmobiliario, sino a la responsabilidad institucional de preservar bienes públicos estratégicos destinados al desarrollo educativo, científico, ambiental y social de Mendoza.
El delineado amarillo muestra el predio. En sombreado amarillo se muestra la superficie al este de la Avenida Champagnat; en rojo se muestra la superficie en posesión desde 2012; en azul, se ve la superficie propiedad de la UNCUYO y en verde la superficie a entregar con dictamen favorable.
Liliana Magni, agrimensora de la UNCUYO, mostró en un mapa satelital la ubicación exacta de los terrenos, como su disposición sobre vías de acceso y áreas comerciales circundantes, fundamentando la importancia de que el fallo de la Corte Suprema se cumpla de forma plena: "El polígono verde se encuentra al oeste de la avenida Champagnat y al norte del Canal Papagayo. Lo que nos tienen que entregar se encuentra al norte del supermercado. El polígono rojo es lo que nos entregaron en el 2015, como cumplimiento parcial, pero que no podemos usar porque es lo que se llama un fundo enclavado, o sea, no tiene salida a calle pública, por lo cual nunca hemos podido tomar posesión efectiva".
En este sentido, la máxima autoridad de la casa de estudios pidió por la pronta restitución de los terrenos: "Queremos invitar que aquellos que están apoderados de esos bienes, que vuelvo a reiterar son bienes públicos, tienen una oportunidad de replantear su decisión. Y la oportunidad es que repiensen y que se termine este caso y devuelvan esos terrenos. Es una invitación a que hagan una entrega física de los terrenos a los propietarios legítimos que es la Universidad Nacional de Cuyo".
Por su parte el responsable de la Coordinación Legal y Técnica de la UNCUYO, Federico Morandini, explicó que si bien no hay plazos para la toma efectiva de los terrenos, el dictamen constituye un avance crucial en este litigio: "La Corte Suprema Nación no tiene plazos, pero normalmente cuando adhiere también lo hace en un plazo muy reducido y ya ha pasado a través de los años, por lo que esperamos que sea inminente el pronunciamiento definitivo. Eso es importante aclararlo para entender la importancia de este dictamen".
Asimismo, la Universidad continuará actuando por las vías institucionales y judiciales correspondientes para garantizar el cumplimiento pleno de las resoluciones dictadas por la Corte Suprema con el fin de efectivizar el desalojo definitivo de los terrenos ocupados. La defensa del patrimonio universitario constituye también una defensa de la educación pública, de la legalidad y del interés colectivo de las generaciones presentes y futuras.
"Lo que estamos haciendo es defendiendo no solo esos terrenos, estamos defendiendo también la educación pública, que hoy está tan atacada de alguna manera. Entonces la Universidad va a poder disponer de esos terrenos y llevar a cabo allí posibles proyectos", concluyó Esther Sanchez.
