Este 3 de junio volvemos a encontrarnos frente a una realidad dolorosa; han pasado 10 años desde la primera movilización en más de 80 ciudades de nuestro país. El femicidio de Chiara Páez fue el detonante de la lucha que nos unió y que denunció la violencia machista como una práctica naturalizada que atraviesa todos los estratos sociales. 

Ese dolor no ha concluido; por el contrario, en diciembre de 2023 vivimos una tragedia que nos marcó profundamente: el femicidio de una de nuestras estudiantes, Malén Ledesma. Tenía 24 años y estaba a punto de recibirse. Alguien de su entorno cercano arrebató su vida y esto nos obligó, una vez más, a revisar nuestras prácticas, nuestros vínculos, nuestros dispositivos de prevención. 

De acuerdo al Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, en lo que va de 2025 ya se contabilizan 94 femicidios en nuestro país; uno cada 30 horas. Esta cifra es aberrante y sabemos que la violencia de género no es ajena a ninguna institución. 

Por eso, desde la UNCUYO reafirmamos nuestro compromiso: prevenir, sancionar y erradicar las violencias por razones de género. Contamos con protocolos de actuación, instancias de formación, espacios específicos como la Dirección de Género y Diversidad o el Instituto de Estudios de Género y Mujeres. Pero, sobre todo, trabajamos día a día por una transformación cultural, profunda y sostenida. 

Porque la universidad pública no puede ser neutral ante las violencias que atraviesan a nuestra sociedad. Tenemos la responsabilidad de ser parte de la solución; de construir espacios más seguros, más justos, más humanos. Y en ese camino, el feminismo ha sido y sigue siendo una herramienta imprescindible. Este 3J nos recuerda que no hay democracia plena sin igualdad, que el derecho a una vida libre de violencias debe ser una garantía concreta y no una declaración de principios. Y que, frente a estos crímenes, el silencio también es una forma de complicidad. 

No caben dudas que la violencia por motivos de género constituye, entre otras, una barrera que afecta las trayectorias educativas y laborales de muchas mujeres y LGBTI+. Por ello consideramos que se deben seguir profundizando políticas públicas de capacitación, asistencia a víctimas y toda acción conducente a prevenir, sancionar y erradicar las violencias por razones de género.