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El hábitat popular como derecho

12 de mayo de 2014, 21:10.

El hábitat popular como derecho

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Desde el Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades, entendemos al Habitat Popular como la recuperación y mejora de espacios públicos, de servicios de infraestructura básicos o de equipamiento comunitario. Siempre en función de las demandas y necesidades identificadas por la propia comunidad, propiciando la autogestión, la participación, conjugando el saber popular y el saber académico. Es un proceso en el que más generar soluciones a necesidades individuales, se buscan nuevas formas organizativas a través de las cuales se llega a incidir colectivamente en la transformación del hábitat. 

En este sentido, entendemos el concepto de hábitat no sólo como el lugar físico o material donde habitan los sujetos, sino también como el ámbito de las relaciones personales y del hombre con su entorno, donde se promueve el desarrollo individual y del grupo que cohabita. Por lo tanto, con este término nos referimos a las construcciones donde habitan las clases más pobres de la sociedad: villas, barrios de loteo o de autoconstrucción, piezas de inquilinato, pensiones, casas tomadas u asentamientos. 

Actualmente, existen dos modelos típicos de la política social habitacional:

Modelos de los conjuntos habitacionales: provisión de viviendas completas producidas por empresas privadas y financiadas por el Estado. Este modelo se fundó en la idea de que la producción masiva de viviendas favorecería el desarrollo sostenido de la industria de la construcción.

Programas de mejoramiento habitacional: dentro de este tipo de política se encuentran la urbanización de asentamientos irregulares (incorporación de infraestructura y de equipamiento colectivo y la regularización de la situación de ocupación) y lotes con servicios (tierra con infraestructura básica). Estos programas cuentan con financiamiento  de agencias internacionales o de los distintos gobiernos nacionales.

En el 2003 se lanza a nivel nacional el programa “Techo y Trabajo”, luego denominado de “Emergencia Habitacional”, destinado a fomentar la utilización de mano de obra con formación de cooperativas de trabajo y construcciones de viviendas en pequeña escala en el ámbito barrial. En 2004 se pone en marcha el “Programa Federal de Construcción de Viviendas” y continúa el PROMEBA (Programa de Mejoramiento Barrial).

 

La presión cuantitativa en la ejecución de viviendas, asociada a la conveniencia empresaria en cuanto a escala y desarrollo, ha vuelto a instalar en Argentina la construcción de conjunto habitacionales y barrios de viviendas en proyectos a gran escala, con unidades de viviendas mínimas (43 m2 -36 m2). Esta política parte de una nueva base de presupuestos sociales y urbanos: que la demanda de la población es una vivienda nueva (sin importar su localización), y que esa vivienda nueva debe pertenecer a un barrio o conjuntos habitacionales (vivienda mínima). Ello presupone un receptor de la vivienda estático, sin considerar sus redes y relaciones sociales ni que localización urbana le permiten la inserción laboral y la generación de ingresos. Debido a esto, en muchos barrios con las primeras entregas los pobladores inmediatamente venden las casas. 

 

Argentina y el derecho a la vivienda

A nivel Nacional debemos citar el Art. 14 bis que reconoce el derecho al acceso a una vivienda digna.

Artículo Nº 14 bis de la Constitución Nacional:

El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

 

Distinción entre villa de emergencia y asentamiento

VILLA DE EMERGENCIA: surgen en 1940 con la industrialización y se expande en 1960 y 1970 por movimientos migratorios campo-cuidad y de países limítrofes.  Contexto Social en el que surgen: período con posibilidades relativas de ascenso social y aumento del nivel de empleo.

ASENTAMIENTO: aparecen en 1980 vinculados a movimientos de migración interna, como una alternativa posible de hábitat dentro del complejo contexto social que se vivía: fragmentación y descenso social, caída del salario, aumento del desempleo.

 

Situación mendocina del hábitat popular

Alcances del derecho a la vivienda y a la ciudad en una sociedad excluyente.  

El enfoque desde el “derecho a la ciudad” se justifica a partir de los procesos que caracterizan la configuración actual de las ciudades en el mundo: acelerada urbanización, el incremento de la pobreza en las ciudades, la ubicación de los asentamientos populares urbanos en zonas vulnerables y los desastres naturales consecuentes, la proliferación de desalojos masivos, las políticas contrarias a la dinámica del poblamiento urbano popular, la creciente segregación social así como por la necesidad de contar con un instrumento muy claro a nivel internacional del cual puedan apropiarse los movimientos sociales para revertir estas tendencias.

Desde este punto de vista se vuelven relevantes las intervenciones de radicación y relocalización de asentamientos informales las que suelen verse seriamente condicionadas por las dificultades de acceso al suelo urbanizado, por la discriminación que opera hacia los sectores de menores recursos, por la situación de inseguridad prevaleciente en nuestras ciudades y por macro-procesos de carácter urbanísticos a través de los cuales se va configurando la ciudad.

Es necesario sumar otro fenómeno urbano: la gentrificación. Ésta es concebida como intervenciones de revalorización de la ciudad que tienen lugar en algunos centros urbanos viejos, los cuales experimentan una apreciable elevación de su estatus. Los procesos de gentrificación suelen ser movilizados por grandes proyectos urbanos (GPU), en los que el motor que impulsa la política de negocios inmobiliarios es el propio Estado. De tal modo, una coalición de fuerzas nacionales y locales provoca la ocupación de las áreas centrales por parte de población de la clase media, de elevados ingresos, que desplaza a los habitantes de clase baja, de menores ingresos, que vivían en ese espacio.

En Mendoza se realizó, a partir del año 2004, un plan de intervención en asentamientos informales, denominado “Plan Estratégico Mendoza sin Villas” cuyo objetivo prioritario es la inclusión social de los sectores que se encuentran por debajo de la línea de indigencia.

Segregación residencial

A partir de la crisis del 2001 se ha generado una pobreza urbana con nuevas características. Esta pobreza se ha consolidado a partir de déficits en dos ámbitos: la educación y el trabajo. A estos factores se suman nuevas formas de segregación  residencial. Estas tres dimensiones se potencian entre sí generando el aislamiento cada vez mayor de los pobres urbanos, que se materializa en situaciones de exclusión.

La segregación residencial es la tendencia a localizarse de modo tal que se minimice la distancia social respecto de aquellos grupos con los que se procura identificarse y se desea la integración, y se maximice la distancia social respecto de aquellos individuos o grupos con los cuales se desea establecer diferencias.  Los resultados concretos de la segregación residencial se manifiestan en zonas, áreas o barrios socialmente homogéneos que están configurando una nueva estructura espacial. La percepción subjetiva que tiene la segregación en los sectores pobres se expresa en sentimientos de marginalidad y produce efectos de desintegración social y estigmatización territorial.

El Área Metropolitana de Mendoza se ha convertido en escenario de estos procesos: es posible identificar áreas de concentración pobre en el piedemonte de Capital y Godoy Cruz, en el norte de Las Heras, en el distrito Belgrano en Guaymallén (segregación coercitiva); mientras se intensifica la construcción de barrios privados para sectores de altos ingresos en diversos puntos de la ciudad, especialmente hacia el sur y el sureste (auto segregación).

Las consecuencias negativas de la segregación residencial serían tanto mayores cuanto mayor es su escala y, más aún, cuando la población que se asienta es pobre porque en estos barrios se concentra una densidad de privación material extraordinaria: en estos casos se reducen las posibilidades de interacción con otros grupos, las redes vecinales son ineficaces para la obtención de empleo o de información y se potencian las dificultades para el mantenimiento de instituciones vecinales básicas y de niveles adecuados de organización. En suma, se incrementa el “aislamiento social de los pobres urbanos”.

La inequidad en el acceso al suelo

La localización de las familias en el territorio configura un verdadero mosaico de mundos sociales en el que se hace evidente la inequidad territorial y la segregación residencial.

El acceso diferencial que los agentes tienen al campo del territorio resulta de la puja entre distintos tipos y magnitudes de capital del que están dotados (económico, social, simbólico, humano) y de los intereses puestos en juego. Esta puja deviene en una verdadera lucha por los lugares y en un reparto inequitativo del recurso suelo. Por ello, la segregación residencial socio económica está estrechamente vinculada al funcionamiento de los mercados de suelo.

También se reproduce el patrón de instalación de clases altas y medio altas en zonas que tradicionalmente eran de relegación y donde se ubicaban sectores pobres. Además, en el caso de sectores pobres, la escala de segregación es cada vez mayor, ocasionada fundamentalmente, por sucesivas intervenciones del Estado a través de barrios destinados a sectores bajos y medio bajos, concentrados en verdaderas áreas de segregación. Las consecuencias de la segregación residencial de sectores pobres a gran escala, estarían incrementando las consecuencias negativas de los problemas sociales.

No sólo la lógica que rige los desarrollos inmobiliarios privados o la de aquella población pobre impelida por la necesidad al acceso informal del suelo urbano, sino también la del Estado, a través de sucesivas intervenciones destinadas a sectores socio económicos medio bajo y bajos, han ido produciendo una ciudad con un acceso inequitativo al suelo urbano, en enclaves de aislamiento, selectividad y exclusión. Los procesos estudiados ponen al suelo urbano en el eje de importantes procesos de territorialización y reterritorialización urbana, advirtiéndose la necesidad de que las políticas de vivienda, y las políticas públicas en general, amplíen su mirada incorporando la producción de suelo como un aspecto central y como un eje articulador de diversas políticas sectoriales que confluyen en la regulación del crecimiento urbano.

Enfoque inclusivo sobre el problema social de la vivienda 

Se ha simbolizado a la “inclusividad” como un equilibrio entre la participación de los sectores público, privado y de la sociedad civil. Supone la voluntad de comprometer a todos los actores urbanos en la conducción de los procesos de renovación urbana y alivio de la pobreza. La solución del problema de la vivienda consiste en generar espacios de participación a los diversos sectores para planificar y accionar en conjunto. Dentro de este enfoque, se concibe a los sujetos como protagonistas de los procesos de recuperación y mejoramiento urbano. 

 

Elaboración de contenido: Melisa Moyano y Romina Díaz

 

Para saber más sobre la temática entrar en el siguiente enlacehttp://ceah-uncuyo.org/

Bibliografía: 

CUENYA,B. “Problemas y Políticas de Vivienda Popular “en: Fernández Wagner ( comp.) “ Curso de Post Grado - Hábitat y Vivienda - 1994 “Mar del Plata- Fac. de Arq.  , Urbanismo y Diseño- Centro de Estudios de Tecnología y Vivienda- (versión preliminar).

FERNÁNDEZ WAGNER, R “Interrogantes sobre la Política Habitacional Argentina” Conf. Seminario Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Hábitat Popular. Construcción y participación del conocimiento. Córdoba, diciembre 2006.

Folleto Informativo No.21, El Derecho Humano a una Vivienda Adecuada. OACNUH.

GRILLO, O., "Notas sobre las formas de asentamiento de los sectores populares en relación con los impactos de las políticas de ajuste", en: Grillo, Lacarrieu, Raggio, "Políticas Sociales y Estrategias Habitacionales (Bs. As., Espacio, 1995).

KAZTMAN, R., “Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos”. En: Revista de la Cepal, Nº 75, diciembre 2001.

LENTINI M. PALERO D. “Políticas de Vivienda y ordenamiento territorial: la necesaria transformación en políticas de asentamientos humanos”, en: Instituto Provincial de la Vivienda -  “Jornadas de Vivienda de Interés Social y Ordenamiento Territorial en el Área Metropolitana de Mendoza”. Mendoza. Noviembre 2003. [ISBN: 987-21267-0-4 CD] 

LENTINI M. PALERO D. “Políticas situación habitacional en el área rural de provincias vitivinícolas de argentina” Informe preparado para el Foro Social sobre Mejoramiento de las Condiciones Habitacionales en Zonas Vitivinícolas de Argentina- COVIAR/ U.N.Cuyo-CAP/CEAH(Centro de Estudios sobre Asentamientos Humanos)- Mendoza, diciembre de 2010.

LENTINI M. PALERO D. “Todos tienen derecho a una casa, pero cada uno en su lugar: alcances del derecho a la vivienda y a la ciudad en una sociedad excluyente”. CEAH. Mendoza, 2010.

LENTINI M. PALERO D. MONTAÑA E. “La inequidad en el acceso al suelo urbano: los procesos de segregación residencial e informalidad urbana”. XI SEMINARIO INTERNACIONAL RII: Desigualdades Territoriales. Mendoza, octubre 2010

LENTINI, M. “Transformaciones de la cuestión social habitacional: principales enfoques y perspectivas. El caso de Argentina en el contexto latinoamericano”, en: Economía, Sociedad y Territorio, Colegio Mexiquense, México, vol. VIII, n° 27, mayo-agosto 2008. 

 

UN-HABITAT (United Nations Human Settlements Programme) “Guía para el Monitoreo de la Meta 11 (HS/690/03E), Nairobi, mayo 2003.-

 

Contacto: inclusion@uncu.edu.ar



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