Han completado los ciclos 251 trabajadoras/es de la salud de la provincia, en tanto han asistido 352 personas a más de la mitad del ciclo de formación. La elección de la población destinataria directa tuvo especialmente en cuenta que, en su carácter de funcionarias/os públicos y agentes de intervención social y sanitaria, su labor es estratégica a la hora de garantizar el acceso de las mujeres a derechos humanos tales como la salud integralmente considerada, la información clara, suficiente y libre de sesgos que causan discriminación, la intimidad, la autonomía, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a no sufrir discriminación y a una vida libre de violencias.

Algunos de los resultados que constata el informe (que se adjunta) son:

- la obstaculización del acceso a anticoncepción, a contracepción quirúrgica (ligadura tubaria) y aborto no punible,

- la desprotección de la salud sexual de mujeres, lesbianas o bisexuales,

- la violencia obstétrica en particular respecto de mujeres que llegan a los hospitales públicos con complicaciones post-aborto.

A través de los cuestionarios de conocimientos previos realizados al inicio de cada ciclo formativo, (más de 100) aproximadamente el 98% de los mismos suponen que la violencia de género puede darse tanto de varones a mujeres como a la inversa, paralelamente a lo cual, se identifican, de un total de 13 indicadores de violencia, una escasa media de 5. Esto da cuenta de la falta de herramientas para situar y comprender la violencia de género, que como señala la ley de protección integral, tiene anclaje en las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres, relaciones que dada la vigencia de un sistema heteropatriarcal global1, sitúan estructuralmente al colectivo varones por encima del colectivo mujeres. Asimismo, aproximadamente un 93% afirma que la violencia es innata en los varones, desconociendo que la misma se aprende y que hay estructuras sociales que la promueven y reproducen.

Todo lo señalado conlleva la reproducción de la violencia de género desde las instituciones públicas, problemática que no se dimensiona por la inexistencia de estadísticas oficiales. Tampoco resulta un dato menor que nuestra provincia no cuente con un protocolo de atención integral, ni existan servicios especializados de abordaje y tratamiento.

Pero quizás la deuda más profunda, por sistemática, sea la de formación en las carreras de grado en todas aquellas disciplinas llamadas a promover y garantizar el acceso a la salud y a la justicia; desde las Ciencias Médicas y el Derecho, hasta Trabajo Social, Comunicación Social, Ciencias Políticas, Sociología y formación docente. A partir de todo lo expuesto se identifica la necesidad de incorporar áreas seminarizadas y asignaturas de estudios de las mujeres, género y derechos humanos; así como la incorporación transversal de estas perspectivas en las currículas de grado.

Patricia Gonzalez Prado, Responsable de formación área de derechos humanos, Promoción de derechos humanos de las mujeres: incorporación de la perspectiva de género en la intervención socio-sanitaria. Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades - UNCuyo+54-260-4598842.

1 Hablamos de sistema heteropatriarcal capitalista porque se trata de un sistema de dominación que combina un modo de organización social extendido globalmente, en el que la autoridad está en manos de varones; la imposición del modelo heterosexual ligado a la reproducción como única forma de concretarse la sexualidad humana; y la imposición de un sistema económico de acumulación y concentración de riqueza en manos de algunos, que requiere de la explotación de la mayoría y de manera central del trabajo reproductivo, las tareas de cuidado en manos de mujeres, tareas invisibles en tanto no remuneradas y sin embargo imprescindibles para la reproducción de la fuerza de trabajo, para el sostenimiento de la vida.

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