Ante la intensidad del reciente debate por la situación de la educación superior en el país, he creído necesario renovar mi compromiso personal, el de los funcionarios que me acompañan y en definitiva el de la gestión que encabezo, respecto de las convicciones que nos animan en la defensa de la universidad pública.

Sé también que esta creencia es un valor compartido –afortunadamente- por toda la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Cuyo, y que se expresa en su Consejo Superior y en cada una de las acciones de sus claustros, que por estos días han manifestado su inquietud y preocupación.

Quiero transmitir y reiterar mi absoluto alineamiento con los principios reformistas que han dado carnadura a la universidad argentina: su carácter público, laico y gratuito, como cimientos para la diaria tarea en la construcción de la excelencia académica, la inserción social, la vinculación territorial y su complementación productiva principalmente con los estados provincial y municipales, así como con sus entidades intermedias, ONG’s y el sector privado.

Para ello, es imprescindible seguir trabajando en el histórico reclamo de mayor asignación presupuestaria y su consecuente optimización de esos recursos públicos. Desde el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a los rectores de todo el país y en constante comunicación con las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitaria, hemos colaborado (y lo seguiremos haciendo) para alcanzar soluciones y generar los diálogos que sean necesarios entre los todos actores de la vida universitaria.

El cumplimiento de los ambiciosos objetivos que la Universidad argentina tiene como desafío en el contexto de un país que busca dar un salto cualitativo que mejore las condiciones básicas de sus habitantes, implica mantener e incrementar los aportes que con mucho esfuerzo, año a año, el Estado nacional destina a la educación para el mantenimiento de su infraestructura, la provisión de becas, la compra de materiales e insumos y la concreción de las obras necesarias para su crecimiento, entre otras necesidades. Pero también, eso supone la justa y acorde retribución por el trabajo especializado que sus docentes e investigadores realizan junto al inestimable aporte del personal de apoyo académico.

La mayor y mejor asignación del presupuesto universitario supondrá también poner en foco el motivo último de todos nuestros actos, la razón de ser de la Universidad: sus estudiantes. En definitiva, la posibilidad de contar con más herramientas en la formación de nuestros jóvenes es el motor de todas nuestras preocupaciones.

Puedo dar fe que a diario recibo gratificaciones cuando el producto de este esfuerzo compartido entre la comunidad universitaria y la sociedad argentina se expresa con satisfacción. Es cuando nuestro fruto, los graduados, cumplen con su deber, se desempeñan con solvencia y enlazan su futuro personal con el de las organizaciones en las cuales se insertan como un fenomenal motor de crecimiento individual y social. Es allí cuando el sentido de la inversión pública cobra total sentido.

Por ello, no sólo refuerzo mi actitud de hombre comprometido con el destino de la Universidad pública argentina, sino también mi absoluta disposición para que se aseguren y se consoliden todos los mecanismos que permitan su correcto funcionamiento.