Acceder a la información pública es un derecho fundamental que permite a la ciudadanía no solo solicitar y recibir datos de interés, sino también analizar y redistribuir esta información de manera libre y responsable. Esta capacidad de reutilizar y reprocesar datos fortalece la transparencia y contribuye al control ciudadano, facilitando un entorno en el que las personas pueden participar activamente y tomar decisiones informadas sobre asuntos públicos. Las limitaciones establecidas en la normativa están diseñadas para proteger ciertos datos sensibles, pero siempre bajo principios que priorizan el interés colectivo.