Como parte de la conmemoración por el Día de la Violencia Institucional, la facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo concretó una doble jornada de intercambio, conocimiento y reflexión entre expertos, docentes, estudiantes y público en general.

Así durante dos días se desarrollaron mesas de debates y entregó material gráfico de difusión para saber cómo actuar ante casos de vulneración de los derechos humanos.

La actividad arrancó con la charla “Violencia Institucional en salud mental. Una mirada sobre nuestras prácticas”,  propuesta que se desarrolló en relación con el trabajo que encara el Colectivo de Defensa de la Ley de Salud Mental Mendoza. Al respecto Silvana Vallone, responsable del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad expresó que el objetivo es “atender, visibilizar y entender la violación de los Derechos Humanos”.

Vallone además introdujo algunos conceptos históricos que dieron lugar a la conmemoración de la fecha – la “Masacre de Budge” en 1987, el primer caso de gatillo fácil  – dejando en claro que “no sólo es culpable quien comete el hecho, sino el engranaje social, es decir las instituciones.”

Por su parte Susana Rodríguez, del Colectivo mencionado, definió la violencia institucional como las prácticas estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios de fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y libertad. Abarca desde la detención “por averiguación de antecedentes hasta formas muy extremas como asesinato y torturas físicas y psicológicas”, manifestó.

A lo que añadió que sobre la Ley de Salud Mental “es el derecho a preguntar y saber, por ejemplo, qué medicamentos nos recetan y el por qué. Nos posiciona como sujetos pensantes y con derechos que tienen que ser oídos”.

Sobre el asunto de esta charla también expuso Alejandra Berlanga, de la Asociación de padres autoconvocados de niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad. Su aporte trató sobre “Territorios de la violencia institucional” y contó que la lucha de la Asociación se basa en la igualdad de condiciones para las personas con capacidades diferentes y que sufren de padecimientos crónico.

A su vez postuló la existencia de un déficit de interacción con las barreras del entorno, por lo que “si éstas logran ser rotas, nos encontraremos con una sociedad de personas diferentes pero iguales en calidad de sujetos. Así también denunció la inexistencia del acompañamiento de salud mental, como también el “proceso de mercantilización” en el ámbito de la salud.

La segunda charla, “Violencia institucional en los organismos y dispositivos de control social”, contó con la participación de Sergio Salinas, de Xumek; Fabricio Imparado, procurador de las personas privadas de libertad; Romina Cucci, de la dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia; Lorena Rubio Diotto, responsable de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional; y Viviana Espina y Jésica Carvalo, madres de víctimas de violencia institucional.

Salinas destacó la importancia de tener en cuenta la sistematicidad de las acciones violentas en las instituciones, mientras que Imparado denominó esas acciones “practicas estructurales”. Por su parte Cucci  agregó que  “es importante poner al Estado en el centro del debate, son los agentes del Estado los que por acción u omisión vulneran derechos. Son prácticas muy visibles pero otras no tanto y los delitos quedan impunes porque están naturalizados”.

En ese sentido Lorena Rubio Diotto afirmó que “los medios de comunicación tienen un rol muy importante. Estigmatizan a los sectores populares, quienes los consumen son quienes  después piden mano dura, tolerancia cero”.

En el cierre de la jornada Espina y Carvalo relataron el calvario que tuvieron que pasar no sólo en el momento del asesinato de sus hijos sino también en su recorrido para pedir justicia. “Mi lucha es para que a ninguna otra familia le ocurra lo que me ocurrió a mí”, dijo.