Cornejo hizo esta exclamación antes de ingresar al Centro de Investigación y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo (Cicunc), donde presidió el lanzamiento de la licitación para la compra de dos helicópteros para la Policía.
Luego, Cornejo volvió a la carga sobre el tema y redobló sus argumentos a lo que considera “un mal tratamiento de la información” de este diario frente al fallo del magistrado que investigó los pormenores de la denuncia de posibles pagos con contratos y dinero para la aprobación de la ley que autorizó la compra de los 146 micros.
Hay que recordar que Cornejo fue imputado en este caso y sobreseído rápidamente del cargo de cohecho, junto a los diputados del PJ Carlos Ciurca, Miguel Serralta y Héctor Gómez, ahora desvinculados de la causa.
Y si bien Correa Llano no encontró vinculación fehaciente entre el otorgamiento de los contratos y la sanción de la ley como se denunciaba, por lo menos detectó en 6 contratos de locación, emitidos por el Ejecutivo, irregularidades en la adjudicación y el cumplimiento de las tareas asignadas. El magistrado demostró que todos los contratados tenían relación política o familiar o de amistad con los diputados justicialistas que habían gestionado esas contrataciones “irregulares”. Por eso pidió una investigación penal, tal como lo describió a este diario ayer.
Sin embargo, el ministro insistió: “Esto es el tratamiento que le ha dado el diario Los Andes y el periodista que está acá presente debiera hacerse cargo de un tratamiento que me parece que no le hace bien a la institucionalidad de Mendoza. Es una denuncia en la que se investigaban contratos de locación a cambio de ley de transporte; el juez sobreseyó a uno de los implicados, en mi caso, y luego absolvió a los tres diputados justicialistas imputados en la denuncia”. Sin pausa, dijo que “quedó perfectamente claro que ni siquiera participé de eso, y luego absolvió a los diputados justicialistas involucrados en la denuncia. Sin embargo, la derivación periodística es que hay contratos irregulares, y la resolución dice que se investiga la irregularidad de esos contratos”.
En medio del fragor de sus palabras el ministro instó a los periodistas a que “lean la resolución y una vez que la lean, comuníquenle a la gente tal cual como ha sido la noticia. El juez no ha detectado ninguna irregularidad. Era un caso de cohecho. La noticia es que el juez dijo que no hay cambio de contratos por la ley de transporte”.
Las distintas visiones
Desde Tribunales se siguieron con atención las repercusiones de la resolución judicial. Los comentarios apuntaron a los desmanejos administrativos encontrados por el juez. “Se ha demostrado que hay por lo menos seis ñoquis y nadie hace nada”, dijo un funcionario judicial al releer el texto de la resolución.
El diputado Sergio Martín (PJ), que en la causa denunció que Ciurca le ofreció 10 mil pesos a cambio de votar la polémica ley que fue aprobada en abril del año pasado, opinó que “se reconoce que hay cuestiones inequívocas, como ciertas irregularidades en el proceso por parte del Estado. La resolución no es definitiva, porque enfoca a las irregularidades desde el Poder Ejecutivo”.
Como se ha dicho, los diputados se complacieron con el fallo. Pero los tres coincidieron en que el juez se equivoca sobre los contratos. “¿Cómo puede decirle el juez a un funcionario a quién contratar?”, preguntó Gómez. “Los contratados que conozco ahora están trabajando”, dijo Serralta. Y Ciurca dijo que tiene un amigo no afiliado, contratado mucho antes del tratamiento de la ley del transporte.
Lanzaron ayer la licitación para comprar dos helicópteros policiales
El Gobierno presentó oficialmente la licitación internacional para la compra de dos helicópteros “multipropósito” para la Policía de Mendoza.
El ministro de Justicia y Seguridad, Alfredo Cornejo, presentó esta iniciativa como un avance en la política en el área a su cargo. Por eso expresó que esta es una demostración de la voluntad del Ejecutivo de dotar de tecnología de avanzada al aparato de seguridad provincial. En esa línea, adelantó que en la reunión que mantendrá hoy con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, será abordado el tema y pedirá, junto al gobernador Julio Cobos, apoyo para un desarrollo tecnológico integral junto a las otras provincias vecinas.
“El desarrollo tecnológico es importante para nosotros y vamos por el buen camino con la compra de estos helicópteros para darle más seguridad a los mendocinos”, dijo el ministro ayer en el auditorio de Centro de Investigación y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo (Cicunc).
La inversión prevista para este cometido es de 1,6 millón de pesos. Y los aparatos que serán adquiridos estarán destinados uno para las áreas urbanas y el otro para las zonas rurales.
En el acto se encontraba toda la cúpula del ministerio que conduce Cornejo junto con el personal policial dedicado a la tarea aeronáutica. En ese contexto también se lo vio muy interesado en la muestra de los helicópteros al responsable de la Dirección de Seguridad Urbana de la Municipalidad de la Capital, Javier Passera.
Aclaran que no se pidió el realojamiento de presos conflictivos
La comisión de seguimiento que controla el cumplimiento de la política carcelaria que acordó la Provincia con los veedores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos salió a aclarar ayer que en ningún momento le pidió al director del penal, Sergio Miranda, el realojamiento de los internos más conflictivos.
La polémica salió a la luz luego de que algunos legisladores de la Comisión Bicameral de Seguridad dijeron que Miranda sostuvo que era la Comisión de Seguimiento, que está integrada por funcionarios nacionales y provinciales, y por abogados defensores de los Derechos Humanos, la que solicitó el realojamiento de los presos más conflictivos.
“La Comisión de Seguimiento hace saber a la opinión pública que en ningún momento requirió el realojamiento de presos y que no tiene facultades de decidir, sino de dar seguimiento comprometido por la Provincia de Mendoza ante los organismos internacionales.Y en todo caso informar todo aquello que considere que no está a derecho y en consecuencia sea violatorio de tratados internacionales suscriptos por la Nación”.
La Comisión de Seguimiento también rechazó las declaraciones de Miranda y del senador justicialista Daniel Cassia.
“La Comisión de Seguimiento tiene por función verificar el cumplimiento de las medidas cautelares y las medidas provisionales solicitadas por la Comisión interamericana y por la Corte. Por tal motivo solicitamos al director del Penal, Sergio Miranda, que rectifique sus dichos y en igual sentido al senador Cassia”, dice el comunicado.
