Tras casi ocho años de las denuncias realizadas por estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se abre una nueva etapa judicial. Como universidad pública, no permanecemos indiferentes frente a estos hechos.
A las estudiantes que denunciaron y a las docentes que las acompañaron queremos hacerles llegar nuestro respaldo. Sus testimonios interpelaron a nuestra institución, visibilizaron desigualdades y abusos presentes en los espacios educativos, y pusieron de manifiesto la necesidad de revisar críticamente las dinámicas de poder que los atraviesan para avanzar en su transformación.
Este momento convoca a toda la comunidad universitaria a reflexionar sobre las responsabilidades institucionales, las asimetrías de poder y las condiciones necesarias para garantizar ámbitos educativos respetuosos, seguros y libres de toda forma de violencia. La universidad pública no solo tiene la misión de producir conocimiento y formar profesionales, sino también de promover el respeto por la dignidad humana, la igualdad de derechos y el ejercicio pleno de las libertades.
La UNCUYO ratifica su política de prevención y abordaje de las violencias de género, el acompañamiento responsable a quienes se animan a denunciar y el fortalecimiento permanente de los dispositivos institucionales destinados a intervenir de manera adecuada y oportuna. Esta tarea se desarrolla, asimismo, en el marco del respeto por el debido proceso y las garantías jurídicas de todas las partes involucradas.
Construir una universidad democrática implica asegurar que ninguna persona vea condicionada su trayectoria académica por situaciones de violencia y que quienes denuncian encuentren escucha, respeto y respuestas justas. El tiempo transcurrido recuerda que el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos humanos requieren una acción sostenida por parte de las instituciones y de la sociedad en su conjunto.
Mantener viva la memoria de lo ocurrido constituye también una forma de asumir las obligaciones que nos corresponden como institución. La reparación forma parte de una tarea más amplia que no concluye con el acompañamiento de los procesos judiciales, sino que exige trabajar cotidianamente para transformar las condiciones que hicieron posibles estas y otras formas de vulneración de derechos. Esa es una responsabilidad indelegable y una condición indispensable para evitar su repetición.
En este marco, ponemos a disposición de las personas afectadas los instrumentos y recursos de acompañamiento previstos en las resoluciones, ordenanzas y demás normativas vigentes de nuestra Universidad.
Asimismo, invitamos a la comunidad universitaria a informarse, dialogar sobre esta problemática y acompañar a las denunciantes, junto con organizaciones sociales y de derechos humanos, colectivos feministas y la ciudadanía mendocina, en la audiencia preliminar prevista para el martes 27 de octubre de 2026, a las 11 horas, en el Polo Judicial Penal de Mendoza.
Porque no hay educación verdaderamente democrática sin respeto por la dignidad humana. Porque una universidad libre de violencias es una construcción colectiva y un compromiso irrenunciable con los derechos humanos.
