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La UNCuyo defiende el patrimonio público educativo

06 de noviembre de 2008, 18:09.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo realizará, el próximo sábado 8 de noviembre a las 12 en el Teatro Universidad, una declaración pública en conmemoración del “Día Institucional de la Defensa del Patrimonio Público Educativo”.

La intención es reafirmar, una vez más, los derechos de la Universidad sobre los terrenos que son objeto de un largo litigio judicial con la empresa inmobiliaria Dalvian SA.

El Consejo Superior de la UNCuyo  dispuso el año pasado declarar el 8 de noviembre como “Día Institucional de la Defensa del Patrimonio Público Educativo”. En esa oportunidad se elaboró un documento de actualización de la situación del juicio y se realizó una marcha desde el Campus Universitario hasta la Plaza Independencia.

Este año, el próximo sábado 8 a las 12 en el Teatro Universidad, rector, vicerrector, decanos y consejeros representantes de todos los claustros universitarios concretarán una declaración en defensa del patrimonio público educativo en el convencimiento de que lo público es de todos.

Antecedentes
La educación pública configura un derecho irrenunciable de nuestra sociedad. Como es de público conocimiento, la Universidad Nacional de Cuyo mantiene un litigio judicial con  Dalvian S.A. El demandante persigue, a través de un juicio por usucapión,  argumentando una supuesta posesión de más de veinte años, la propiedad de 32 hectáreas de la UNCuyo, las cuales se encuentran al oeste de la avenida Champagnat y hacia el norte del Centro de Deportes.

A lo largo de todos estos años, la UNCuyo ha defendido la legítima propiedad de estos terrenos, sosteniendo el dominio público y por ende imprescriptible de los mismos, afirmando con convicción que constituyen un invalorable escenario para el crecimiento y desarrollo estratégico de la Universidad y su proyecto educativo. En función de ello, ha solicitado la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; instancia donde aún hoy se encuentra el proceso.

La presentación hecha ante la Corte Nacional cuenta con el aval oficial del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y de la Procuración General del Tesoro de la Nación (organismo nacional encargado de custodiar los bienes del Estado).

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