Fue una decisión que tomó el Ministerio Público Fiscal de la Nación y que beneficia a 59 jóvenes becados en sus estudios superiores. Responde, además, a una política de recuperación de bienes secuestrados para su reinserción en circuitos de valor social.
Se trata de 59 teléfonos móviles que fueron secuestrados por contrabando y que serán destinados como becas de conectividad a estudiantes universitarios. La iniciativa forma parte de una política conjunta que busca recuperar bienes incautados por el Estado y reinsertarlos en circuitos de valor social.
