A través del área de Políticas Públicas del Rectorado, la UNCuyo elaboró un informe sobre el acceso a la justicia en la provincia que incluye un diagnóstico que revela la alta litigiosidad que hay en Mendoza y que obstaculiza la resolución de la mayoría de las causas judiciales.

El documento fue elaborado por Alejandro Belmonte y Francisco Soms, integrantes de la mencionada área, y agrega recomendaciones para mejorar el sistema judicial, como la inclusión de mayores instancias de mediación y un rol activo de la UNCuyo en este proceso.

Los autores consideran que esta mejora excede al ámbito judicial y que, al entenderlo como un área de política pública, diferentes actores son fundamentales para garantizar su cumplimiento. “Resulta fundamental entender que el acceso a la justicia constituye un derecho humano que se deriva del derecho a la jurisdicción, del principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación. Dada la interdependencia que revisten los derechos humanos, la vulneración del acceso a la justicia implica la vulneración de los demás derechos humanos, perpetuando así las desigualdades sociales y procesos de exclusión. En palabras de Carnelutti, el acceso a la justicia es el derecho a tener derechos”, afirman en el documento “Acceso a la justicia en Mendoza, necesidades y posibilidades”.

Allí establecen como uno de los problemas del sistema judicial la desigualdad socioeconómica, que impide el acceso de muchos a una representación legal y a sostener los costos que implica un procedimiento judicial. También está entre estas dificultades el desconocimiento de sus derechos por parte de muchos ciudadanos, la elevada litigiosidad, la congestión de los tribunales, la baja tasa de resolución y la gran demora en la resolución de los procesos.

Según los datos relevados por Belmonte y Soms, nuestra provincia presenta la tasa de litigiosisdad más alta del país: en 2011, con 23.800 causas al año casi triplicó la media nacional (8.800), lo que implicó que cada juez de Mendoza recibiera en promedio 1.735 causas. “El sistema judicial mendocino resuelve sólo un tercio de las causas que ingresan por año, mientras que la media nacional se encuentra alrededor del 63%”, agrega el informe, que completa que solo en el fuero civil la duración promedio de los procesos es de 32 meses.

Para evitar este “cuello de botella”, los autores recomiendan mejorar los mecanismos de resolución alternativa de conflictos. “Mendoza posee una baja cantidad de mediadores si se la compara con otras provincias similares y tiene una tasa muy errática de casos efectivamente mediados”, analiza el documento.

Por eso insisten: “Para optimizar el acceso a la justicia no alcanza con crear más juzgados y brindar asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a toda la comunidad. Es necesario repensar la justicia desde otra perspectiva, en la que la participación ciudadana resulte esencial en la construcción colectiva de la justicia y donde el foco se coloque en la prevención temprana de los conflictos (etapa prejudicial), descongestionando así los tribunales”.

Y finalizan explicitando el rol activo que debe tener la Universidad Nacional de Cuyo en este proceso, “porque cuenta con los recursos humanos suficientes para construir ámbitos de información, capacitación, asesoramiento, patrocinio letrado, mediación comunitaria y asistencia social gratuita articulación y cooperación de diferentes sectores”.

Con su intervención, la UNCuyo puede generar diversos efectos positivos:

-Desempeñar su función social, acercando la Universidad a la comunidad a través de un servicio social gratuito y de calidad, que redundará en una mejora sustancial en la calidad de vida de los mendocinos.

-Comprometer a sus estudiantes con la realidad social, permitiéndoles la búsqueda de soluciones y respuestas a las problemáticas sociales, económicas y culturales que aquejan a los ciudadanos.