En los últimos años, la innovación pública se ha instalado en el centro del debate sobre el futuro del Estado en América Latina y el Caribe. Sin embargo, lo que está en discusión ya no es simplemente cómo innovar dentro del Estado, sino cómo transformar la innovación en un proceso abierto, colaborativo y profundamente democrático. Esa es, precisamente, la apuesta más potente que surge del informe reciente de la CEPAL sobre gestión pública en la región, en cuya investigación tuvimos la oportunidad de participar: potenciar la innovación pública ampliando el sistema.

Ampliar el sistema no es un eslogan, es un cambio de paradigma. Durante mucho tiempo, la innovación pública se pensó como un conjunto de iniciativas acotadas —laboratorios, proyectos piloto, equipos especializados— que operaban en los márgenes de la administración. La investigación que realizamos muestra con claridad los límites de ese enfoque: sin articulación, sin escala y sin integración en el ciclo de políticas públicas, la innovación corre el riesgo de volverse irrelevante o efímera.

En el contexto actual de los países latinoamericanos, lo que emerge es la necesidad de construir sistemas de innovación pública abiertos e integrados. Es decir, entramados donde el Estado, la sociedad civil, el sector privado, las universidades y la ciudadanía no actúen de forma aislada, sino que se integren en un esfuerzo colaborativo, articulando sus conocimientos, recursos y capacidades. Para nosotros este enfoque reconoce algo fundamental: el conocimiento está distribuido en la sociedad, y la capacidad de innovar depende de la habilidad de articularlo.

El informe es contundente en este punto. La colaboración, históricamente asociada a los laboratorios de innovación, debe profundizarse y expandirse mediante espacios deliberativos, plataformas digitales y alianzas estratégicas con actores del sistema más amplio. Dados los desafíos que tenemos, no se trata solo de mejorar servicios, sino de transformar la forma en que se diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas.

Aquí es donde la innovación abierta cobra centralidad. Abrir la innovación no es solo abrir datos, sino también incorporar aportes de distintos actores en la identificación de problemas y la construcción de soluciones, es decir abrir espacios reales de toma de decisiones. Implica que la ciudadanía deje de ser una destinataria pasiva de políticas para convertirse en protagonista activa en su construcción. No como un gesto simbólico sino como una condición para mejorar la efectividad de las políticas y, sobre todo, para reconstruir la legitimidad de las instituciones. La participación ciudadana no puede seguir siendo periférica. 

Ahora bien, la pregunta más importante es ¿para qué innovar? El informe ofrece una respuesta clara, orientada a promover el desarrollo y reducir la desigualdad. En América Latina, la innovación pública no puede ser neutral. Debe estar orientada a cerrar brechas, ampliar derechos y mejorar la calidad de vida de las personas.

Las tendencias identificadas en el estudio, desde la expansión de servicios mediante la digitalización hasta el fortalecimiento de la participación ciudadana y la colaboración interinstitucional, apuntan en esa dirección. No son innovaciones tecnocráticas: son herramientas para construir Estados más inclusivos. Si la innovación no se orienta explícitamente hacia la equidad, puede terminar reproduciendo —o incluso profundizando— las desigualdades existentes (territoriales, económicas, de género, entre otras). La digitalización puede ampliar el acceso a servicios, pero también puede excluir a quienes no tienen conectividad o habilidades digitales.

En última instancia, ampliar el sistema de innovación pública es una apuesta política. Implica redefinir el rol del Estado, no como único productor de políticas públicas, sino como articulador de capacidades colectivas. Implica también asumir que la innovación no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir sociedades más justas. Una forma de pasar de políticas hechas “para” la ciudadanía a políticas construidas “con” la ciudadanía.

En tiempos de incertidumbre, desigualdad persistente y crisis de confianza, esa transformación no es menor. Es, probablemente, una de las claves para sostener y revitalizar la democracia en América Latina. Y es, también, el desafío que tenemos por delante, no solo innovar más, sino innovar mejor, ampliando el sistema para que nadie quede afuera.

Sobre los autores:

Alejandro Belmonte, politólogo, coordinador del Área de Políticas Públicas-UNCUYO.

Matías Bianchi, politólogo, director de Asuntos del Sur.

Florencia Cavalli, abogada, consultora en innovación pública y gobierno abierto.