Personas como sujetos de derechos y no como objetos de protección tutelar,  es uno de los cambios que establece la nueva Ley de Salud Mental 26.657 y el Decreto 603/2013. Este tema fue el eje de la jornada realizada en la Universidad Nacional de Cuyo. En ella, autoridades universitarias y de Gobierno junto con especialistas discutieron y dialogaron con la comunidad sobre la  importancia de la nueva legislación en materia de Derechos Humanos.

En ese contexto, el vicerrector de la UNCuyo, José Rodríguez, mencionó que el encuentro se vincula “con una concepción del Estado que, en los últimos años, ha sido bastante inclusiva en Derechos Humanos, como un todo”. Ejemplificó con las temáticas de matrimonio igualitario, violencia de género, fertilización asistida y salud mental.

“Evidentemente ha habido por parte del Estado nacional un marco para la creación de múltiples leyes, que tienen que ver con Derechos Humanos”, dijo. Al respecto, señaló que las provincias -por ser un Estado federal- tienen que legislar y reglamentar, es decir, llevar a la acción esos marcos generales. Y, continuando con esa línea, se refirió a la obligación de las Universidades Nacionales de actuar en ese sentido, a través de  la puesta en marcha de políticas públicas.

En relación con el ámbito académico, destacó la importancia de poder utilizarlo como lugar de debate y de discusión. Por último, repasó los puntos más importantes de la Ley.

El secretario general del Instituto de Derechos Humanos de la UNCuyo, Pablo Garciarena, hizo referencia a la resignificación y redefinición del rol del Estado en la recuperación del discurso público y privado, que se nutre desde el debate y el discurso. En ese sentido, destacó a las instituciones educativas como protagonistas en ese proceso de resignificación de lo público y político.

Al respecto, se refirió a la Universidad como un ámbito no sólo de formación de profesionales sino que mantiene un fuerte “compromiso con la realidad social en la que está inmersa”. Sobre ese aspecto mencionó los diferentes programas de becas que tiene la Casa de Estudios, como los de inclusión, de voluntariado, extensión, contexto de encierro y el Instituto de Derechos Humanos creado recientemente.

En relación con la sanción de la nueva Ley de Salud Mental, recalcó la importancia de su reglamentación, ya que implica una ampliación de derechos, y entender a las personas no como “objetos de protección tutelar sino como sujetos a los que se les respeta su autonomía”.

Juan Carlos Aguiló, responsable del Area de Políticas Públicas de la Universidad, hizo aportes desde su área, que busca poner en valor la información pública, y todo lo que produce la Universidad. “La información es la condición necesaria para elaborar políticas públicas efectivas y eficientes. El Estado, continuó, tiene que tener esas características  en el marco de una visión política de hacia dónde quieren ir”. Subrayó, además, la necesidad de contar con instrumentos que produzcan, conduzcan y viabilicen los derechos que están sostenidos en la ley.  

Por último, señaló, que la intención del Area es aportar al fortalecimiento de las capacidades estatales, ya que “si aportamos, esos derechos van poder concretizarse para quienes los tienen que recibir”.

Fanny Sarobe, subsecretaría de gestión de Salud de Mendoza, festejó el espacio universitario como ámbito para la reflexión. Instó a aprovechar esos ambientes compartidos  con el fin de generar aportes “que son construcciones sociales” y en los que la UNCuyo produce insumos importantes.

“Desde el ministerio, dijo, se viene mirando y gestionando -a partir del marco en que se da la ley- las contradicciones entre la realidad de salud mental y lo que queremos, que es el ejercicio pleno de esos derechos”.

Adhirieron a la Jornada las secretarías de Bienestar Universitario y de Extensión Universitaria, el CICUNC, la dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el ministerio de Salud y la dirección provincial de Salud Mental de Mendoza, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, el Colegio de Psicólogos de Mendoza y la Universidad Nacional de Río Cuarto.