Como parte de la cátedra optativa Estado Abierto, que dicta la facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la secretaría de Políticas Públicas y Planificación del Rectorado se desarrolló  una charla debate abierta al público. Ismael Farrando, decano de la facultad de Derecho y Fernando Simón fiscal de Estado de la Provincia fueron los disertantes. 

En el encuentro estuvieron presentes la decana de la Facultad Claudia García, la vicedecana Silvia García, la Secretaría de Políticas Públicas y Planificación Fernanda Bernabé, y los docentes de la cátedra Marcelo Calabria y Paula Marconi. 

La decana de Facultad abrió el encuentro y expresó su agrado respecto a la elección de la Unidad Académica para debatir un tema tan importante. Además hizo hincapié en la importancia de la ética en todo momento, entendiéndolo como un componente ideológico por definición.

Ismael Farrando, explicó que coexisten múltiples factores al hablar de corrupción. Entre ellos señaló los fenómenos sociológicos, culturales y coyunturales. Durante su disertación, repasó los distintos instrumentos jurídicos que tutelan y tratan de prevenir la corrupción: “En primer lugar la Convención Interamericana contra la corrupción; en segundo lugar la Convención de las Naciones Unidas, con políticas de prevención más que de combate; finalmente la Ley de Ética Pública”, afirmó.
 
Sobre la situación en la Universidad, Farrando habló de los desafíos que se presentan “Estamos fundamentalmente dispuestos desde la Universidad y las Facultades que la integramos, a dar las mayores garantías de transparencia. Información y comunicación pública es el reto que tenemos en este momento” enfatizó el decano.

Por su parte Fernando Simón, habló sobre los organismos de control de Mendoza. Específicamente se abocó a los órganos institucionales, Fiscalía y Tribunal de cuentas. En ese sentido, explicó que todo el que administra dentro del Estado tiene que partir de saber que no es el propietario de los bienes públicos y  comprender que sobre  “todo aquello que un día estaba a su cargo tiene que dar explicaciones”, explicó el Fiscal de Estado de Mendoza. 

Además, enfatizó que la ciudadanía tiene derecho a pedir explicaciones e información cuando así lo requiera. “El derecho a la información pública es el oxígeno de la democracia”, postuló el funcionario. 

Ambos especialistas coincidieron en que el Estado debe adoptar la costumbre de mostrar todo lo que hace. Y los ciudadanos deben pedir explicaciones. En esa línea, dejaron en claro que solamente con las leyes no alcanzan, es necesario la participación de la sociedad movilizándose, opinando y cuestionando todo proceder en la administración pública y en otros ámbitos sociales.