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La Justicia Federal notificó avances en la investigación por adulteración de notas

Fue en la causa que investiga la posible comisión de delitos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. La Justicia notificó a la Universidad ¬como querellante¬ que realizó imputaciones basadas en la investigación administrativa que sigue su curso en la Casa de Estudios.

04 de noviembre de 2015, 20:02.

imagen La Justicia Federal notificó avances en la investigación por adulteración de notas

Avanza la investigación sobre la adulteración de notas en la Facultad de Ciencias Políticas.

El Juzgado Federal número 3, secretaría D a cargo del juez Marcelo Garnica notificó a la Universidad que citó a los imputados a fin de que presten declaración indagatoria en la causa que se sigue para esclarecer la posible adulteración de notas en los registros informáticos.

Sobre las medidas en la Universidad

En forma paralela la investigación interna dentro de la UNCuyo sigue su curso como sumario administrativo a cargo de un abogado externo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se analizan las situaciones de quienes resultaron acusados en la investigación sumaria preliminar.

Esto se suma a las medidas adoptadas por la Facultad, como la creación de un Área de Control Administrativo Académico y la realización de una auditoría externa de títulos que actualmente está llevando adelante la Universidad Nacional del Litoral.

Las autoridades universitarias reafirman la intención de llevar a fondo la investigación sumaria y aseguran que de confirmar que hubo responsables que cometieron delitos, falsearon registros y resultados en exámenes se aplicarán las sanciones que correspondan sin excepciones.

Un breve repaso

En enero del 2014, a pedido de la ex secretaria académica y actual decana Claudia García y la ex decana Graciela Cousinet, se realizó una auditoría interna que dio lugar a una investigación sumaria aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

El 11 de agosto del año pasado el Consejo Directivo ordenó una investigación sumaria que hasta hoy sigue su curso en el ámbito universitario ya como sumario administrativo.

El 10 de septiembre de ese mismo año el rector Daniel Pizzi y la decana Claudia García realizaron una denuncia penal antes los Tribunales Federales. Las autoridades universitarias habían solicitado primero la intervención judicial para garantizar el aseguramiento de las pruebas y después se constituyeron como querellantes para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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